México. Debemos reconocer que la inversión privada en México siempre ha sido vinculada no solo toma de decisiones políticas, sino a los propios actores políticos que prolongaron sus carreras en el medio, gracias al impulso de la iniciativa privada, manteniéndose en la vida pública sin preocupaciones que, de manera natural, implican los ciclos de los encargos políticos aprendiendo prontamente a participar de las inversiones privadas, como impulsores o como parte activa de la inversión.
La interpretación anterior no fuera relevante hoy día sí, el Gobierno Federal, con esa presunción, no cuestionara desde una pretendida moralidad superior, emanada de un particular entendimiento de la voluntad popular que se encarna en una sola persona, la certeza normativa o jurídica de un buen número de inversiones privadas, nacionales y extranjeras.
Casos como la cancelación del NAIM, la renegociación de costos de los gasoductos para traslado de combustibles, la cancelación del permiso de operación de la cervecera Constellation Brands y más recientemente la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo por el que se emite la política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, han sido muestra clara de que la imposición de dogmas y suposiciones –señaladas más nunca comprobadas y menos castigadas- son los criterios preponderantes para la toma de determinaciones. Este último golpe a la certeza jurídica es peor que la cancelación del aeropuerto ya que viola la no retroactividad de las leyes, violenta contratos vigentes y en última instancia, socava al Estado de Derecho.
Los prejuicios y señalamientos, articulados en Decretos o en pretendidos cambios a los cuerpos legales, comenzando por la Constitución, afectan no solamente a quienes forman parte de dichas inversiones, sino a la sociedad en su conjunto de manera directa o indirecta.
La poca claridad de las reglas del juego respecto a las inversiones existentes en el país está generando desconfianza de los actores. La afectación es clara; el bienestar, competitividad y modernidad en términos generales, están comprometidos, se necesita de inversión para generar crecimiento económico, empleo, competencia de mercado, servicios de mejor calidad y de fácil acceso, sin olvidar las transferencias al gobierno en impuestos para gasto público. Hoy México juega un juego para perder en el tiempo.