Toluca, Mexico.
La mala información persigue al presidente incluso en temas de importancia internacional; como lo es la presumida demanda que el Gobierno de México interpuso contra los principales fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos y el resto de países que tienen preponderancia en el mercado internacional para surtir a ejércitos, fuerzas del orden público, deportistas y coleccionistas.
Para el presidente López Obrador, la responsabilidad del tráfico de armas en el territorio nacional es de las fábricas de armas, donde quiera se encuentren situadas en el mundo y no de las autoridades aduanales, ejército, policías nacionales y demás autoridades de los tres órdenes de gobierno facultadas para administrar las importaciones de productos, las de normar el uso de las armas de fuego y explosivos o de dotar de seguridad pública en el territorio nacional.
Adicionalmente, parece no tener relevancia que la SEDENA, única institución facultada para la administración de todas las armas de fuego que circulan de manera legal en el país, por consecuencia tendrá futuras compras complicadas en el mercado internacional para dotar de armamento al propio ejército, a la marina, a las fuerzas policiales estatales y municipales y, seguramente a los deportistas, tiradores, cazadores y coleccionistas. Y es que hay que recordar que en México existen solamente dos compañías fabricantes de armas –Trejo y Mendoza- que no tienen ni suficiente producción, ni armas especializadas en defensa; y el propio ejército carece de infraestructura suficiente y modelos probados para sustituir importaciones.
Es de destacar que el escueto comunicado verbal del presidente refiere que la base de la demanda es en virtud de que los fabricantes de armas en cuestión, realizan armamento “de lujo” específico para el mercado ilegal mexicano vinculado a los narcos. Nada más equivocado, si bien es verdad que los narcos mexicanos se han destacado por armas “suntuosas y detalles personalizados”, se trata de un mercado “after market” que ha crecido enormemente entre la comunidad latina en los Estados Unidos, pero es justo eso, adiciones estéticas costosas a las armas una vez que ya están en circulación en el mercado negro en nuestro país. El dato relevante es que el 70% de las armas en manos del crimen organizado data del mercado de Estados Unidos, por producción o por importación de ese país.
Complementando lo anterior, en la generalidad las fábricas internacionales se especializan en producción de armas basadas en las necesidades de los más grandes ejércitos del mundo; Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Francia, la OTAN, entre otros. Y ejércitos con menor envergadura o vocación bélica menor, como es el caso del nuestro, que poco consume armamento especializado. Sin embargo, el mercado negro, la delincuencia organizada y en particular el creciente número de grupos regionales del crimen organizado y narcotráfico, sin duda han invertido en armamento y suministro cada vez más específico derivado de las necesidades de enfrentar al ejército, pero más obedece a los enfrentamientos entre grupos rivales.
Hay que decir con claridad que la problemática en el control de las armas ha tenido varios intentos de control por parte del gobierno federal que inicia con la restrictiva Ley General de Armas de Fuegos y Explosivos, reglamentaria del Artículo 10 Constitucional, promulgada en 1971 y reglamentada en 1972, que limita enormemente la tenencia, posesión, transportación, compra de las propias armas y sus suministros de manera legal y que ha ido robusteciendo las restricciones para quienes están en la formalidad a lo largo del tiempo; pero la corrupción de las autoridades, civiles y militares, ha permitido el trasiego de armamento especializado para la guerra a los grupos delictivos.
Es de observar que tenemos en Estados Unidos no sólo al principal fabricante de armas, también es el mercado más grande de estos productos a nivel mundial para la guerra y también lo es para el sector privado. Sin embargo, nuestro vecino país no enfrenta la problemática de seguridad que si tenemos en México, aún con las grandes restricciones implementadas hace casi 50 años; esto último es el principal argumento mediático –creo el más válido- de las fábricas de armas estadounidenses.
Parece entonces que la demanda obedece a la necesidad de la administración en turno de tener responsables, diferentes a la ejecución de sus propios esfuerzos y medidas de política pública, de continuar con el fracaso de seguridad pública. Con el ejército y marina en ejercicio pleno de la seguridad pública para el control de los grupos armados, la derrama de sangre sigue incrementándose en todo el país. Ni hablar de lo que aparenta ser otra comprometida postura de nuestra política exterior muy al estilo de esta administración.
La demanda se vislumbra como otro gran distractor de una responsabilidad ineludible fracasada del Estado Mexicano y tendrá un profundo revés en las relaciones comerciales internacionales.