Toluca, Mexico.
Desde su llegada a la primera magistratura del País en diciembre de 2018 y ante evidentes decisiones de política pública cuestionadas por falta de planeación, objetivos, metas, focalización, aplicación normativa, indicadores, mediciones de impactos y por los resultados, el presidente ha tratado de normalizar desde sus intervenciones en la mañanera la falta de oficio en el servicio público de él y de su equipo de trabajo.
Esta afirmación viene a colación cuando en el informe de la Auditoría Superior de la Federación detecta presuntas irregularidades por cerca del 70% de los recursos auditados en 2019 y por supuesto negados o justificados desde les punto de vista del propio presidente.
Adicionalmente está el manejo presupuestal casi discrecional de las dependencias; es notorio como las suficiencias presupuestales que cada Oficialía Mayor obedecen no a la partida presupuestal aprobada por el congreso y las reglas de ejecución y operación del programa presupuestal, sino a la autorización expresa del presidente, lo que atenta contra la eficacia y eficiencia del gasto público. Hoy se antoja normal que desde presidencia se autoricen o no la mayoría del ejercicio o presupuestal.
Lo de hoy es que el ejército haga funciones de seguridad pública, aduanas, construcción, informes de avance de los programas sociales cuando él Artículo 129 Constitucional indica: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar y lo que ocupe el presidente.”
De igual manera hoy nos resulta normal que las cifras de la pandemia correspondan a unos datos del gobierno y otros datos de las entidades médicas o académicas privadas, institutos nacionales e internacionales con importantes diferencias de contabilidad y proyecciones, al mismo tiempo que la política sanitaria nos resulta imprecisa, reactiva, no preventiva y con costos en número de muertes muy altos en relación con países de igual número de pobladores, con inversión presupuestal acotada que se refleja en pocos insumos médicos para su atención, la baja disponibilidad de vacunas y en la negativa a explorar la vacunación de menores de edad manifestada recientemente o en que en semáforo rojo la “libertad impere” entre los ciudadanos sin orientación real del gobierno.
Hoy nos parece una declaración normal proponer que el Instituto Electoral pierda autonomía y que regrese al control estatal de donde costó muchos años de esfuerzo desterrarlo para garantizar su imparcialidad.
En estos días de nueva normalidad, no sólo pandémica, sino neo democrática, es afirmar que la Secretaría de la Función Pública deberá hacer la ejecución presupuestal de todas las entidades y también será quien se auto fiscalice en la ejecución.
Desde su llegada, no importan los perfiles profesionales ni las descripciones de puesto, lo normal ahora es 10% de experiencia y 90% de lealtad al presidente, no a México; violando en el camino la normatividad establecida.
Lo normal es que no se reconozcan las necesidades de la mujer como seguridad, guarderías, desarrollo profesional, fondos presupuestales de equidad y género, entre otros apoyos hoy inexistentes.
Lo normal es realizar inversiones en infraestructura sin estudios técnicos ni de factibilidad que ponen en riesgo su funcionamiento correcto y con presupuestos estimados por el propio presidente que comprometen la conclusión de las obras o la previsión presupuestal.
En estos hechos, con sus respectivos resultados radica la nueva normalidad. Hoy nos estamos condicionando a desconocer la historia de crecimiento en instituciones que necesitaron de muchas décadas de transformación en beneficio de la sociedad en su conjunto; con pesos, contrapesos, obligaciones, responsabilidades, atribuciones que otorgaban certidumbre a la ciudadanía. A cambio, recibimos el gobierno aparente de un solo hombre que actúa por creencias personales producto del incorrecto uso del concepto de democracia donde las consultas populares manipuladas tienen validez sin sustento.
Por implementación política le es urgente a Andrés Manuel la consolidación de la nueva normalidad donde el gobierno democrático, encarnado en él, no se le cuestione el desarrollo de la actividad pública porque, -aunque habla mucho, no trasparenta y menos rinde cuentas de nada-.