Toluca, Mexico.
El referente inmediato es la nueva idea de transparencia gubernamental, por lo menos como lo entiende el presidente de México: poner en una pantalla en la conferencia matutina presentaciones de power point, imágenes de periódicos, comunicados o videos que “aclaran” las preguntas de una docena de “periodistas” que se han convertido en el conducto de las “verdaderas” demandas ciudadanas de información –de toda índole- hacia el presidente.
Con ese “ejercicio democrático de profunda transparencia”, resulta innecesario –a decir del presidente- contar con un Organismo Constitucional Autónomo que, con procedimientos administrativos regulados, respondan los cuestionamientos por escrito con validez para emprender actos jurídicos que demandan ciudadanos, instituciones, medios de comunicación y demás entes que requieran información sobre el ejercicio de gobierno y en particular de la ejecución del gasto público.
La rendición de cuentas no es menor, ayuda a identificar ineficiencias de políticas públicas que permiten corregirlas, malos manejos de recursos públicos, calcular resultados de indicadores económicos y generar comparativos de eficiencia en el colectivo para evaluar, mas subjetivamente, el paso del gobernante en turno. Que la rendición de cuentas se haga eligiendo de manera discrecional el tema y una respuesta de dicho, sin sustento jurídico, presume poca certeza en ella, si adicionalmente la da quien es responsable de generar la información la hace completamente inútil, por decir lo menos.
Pero existe una disociación muy importante, tal vez poco conocida, respecto a la transparencia gubernamental en este periodo del cambio verdadero del presidente Andrés Manuel; tiene que ver con que el presidente que informa todos los días, incluidos fines de semana, todos los temas –que él estima de importancia conozcamos la ciudadanía- y es que, con apenas dos años de ejercicio de gobierno, las secretarías de estado han reservado de manera total o parcial ocho mil asuntos de gobierno.
Destacan los proyectos estratégicos emblema del presidente; el Aeropuerto de Santa Lucía, los estudios del Tren Maya, la venta del avión presidencial, los convenios de donaciones de los terrenos de la Guardia Nacional, la liberación de Ovidio Guzmán, los contratos de compra de las vacunas contra COVID19, por citar algunos.
A esto se le suman los cuestionamientos, que aún no contestan las dependencias, a la Auditoría Superior de la Federación de las inconsistencias que presumen desvíos de recursos de los programas sociales emblemáticos del presidente; Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Producción para el Bienestar en 2019.
Parece entonces que el acceso a la información pública y gubernamental está condicionada a la visión política del presidente, lo que representa ya un retroceso de proporciones mayores a los pocos avances democráticos de los últimos 40 años respecto al tema.
Más aún, la transparencia parece ser enfocada, nuevamente en la visión del presidente, en los temas vinculados a ineficiencias o fraudes pasados, olvidando los que están ocurriendo bajo su mando en este preciso momento.
Peor aún, muchas restricciones a la información obedecen, a decir del presidente, a una estrategia para concluir –bordeando la legalidad- los proyectos prioritarios cuestionados por no tener estudios técnicos ni viabilidad financiera ó “justificando” de manera verbal su ejecución, librándolos de corrupción por su honorable benevolencia presidencial, presumiendo costos totales a mano alzada sin ningún fundamento y destacando ahorros en cuentas alegres mentales que solo él conoce; Justo aplicando la ´máxima “el fin justifica los medios” que convierten las buenas acciones en imposiciones contra la democracia…….y contra la transparencia.