Talavera de la Reina, Toledo-España.
El pasado 25 de octubre, más de 5.800.000 chilenos (el 78,20% de los votantes) se pronunciaron a favor de que una Convención Ciudadana, compuesta por 155 individuos elegidos en votación popular, redactara una nueva Constitución con la que dejar atrás la nefasta etapa de la dictadura de Pinochet y sus efectos posteriores.
Es evidente que, tras el resultado del “plebiscito”, Chile dispone de una gran oportunidad para definir su destino como país y como sociedad y pasar página a un largo y lamentable momento de su historia reciente. Pero ese pasar página, no debe suponer un olvido, intencionado o provocado, de las circunstancias que, tras el histórico triunfo electoral de Salvador Allende, propiciaron y permitieron el golpe de Estado de 1973. Conocer la historia no es suficiente; debemos saber aprovechar sus enseñanzas para no repetirla.
Quienes formen parte de la Convención que resulte elegida, deben entender que son detentadores de esa oportunidad y que tienen, sobre todo, una obligación: “elaborar una Constitución que pueda ser asumida y refrendada por una muy amplia mayoría de chilenos, y no sólo por aquellos que ocasionalmente pudieran votarla favorablemente”. Una Constitución que consagre, eso sí, los valores irrenunciables de cualquier estado democrático de derecho y fije la libertad, la igualdad y la justicia social como ejes de la convivencia ciudadana. Una Constitución que debe ser fruto del consenso, incluso de cesiones, pero nunca de una imposición del resultado del proceso constituyente.
Y es desde el mismo proceso de elección de la Convención, desde donde debe empezar a gestarse ese gran acuerdo. Para ello, entiendo como esencial que los partidos políticos, los grupos sociales y económicos e incluso los ciudadanos individuales asuman el proceso como un objetivo común, nunca como un proceso electoral destinado a derrotar al contrario ideológico o social. Y a partir de ahí, vuelvo a insistir, la prioridad será elaborar esa nueva Constitución y, aún sin ser la mejor Constitución, poder cerrarla con un amplio, variado y mayoritario consenso.
Sólo así, la nueva Constitución será el fruto de la sociedad chilena y refrendada como tal. Es cierto que la mayoría de los votantes serviría legalmente para su aprobación definitiva; pero con el voto a favor del 78,20% del 50,90% de los chilenos no sería suficiente.